¿Tiene alguna responsabilidad la Administración Pública por la gestión del Covid-19? ¿Tengo derecho a reclamar por los daños y perjuicios que he sufrido como consecuencia del Covid-19? ¿Qué daños son reclamables? ¿A quién y cómo debo reclamar?
Desde este despacho profesional contemplamos posibilidades de reclamar frente a la Administración Pública por la gestión sanitaria que ha llevado a cabo durante este tiempo en las situaciones que enumeramos a continuación: a) Profesionales sanitarios afectados por COVID-19 debido a la falta de equipos de protección individual (EPI); b) Pacientes diagnosticados con COVID-19 (y sus familiares) fallecidos o gravemente afectados por no tener acceso a UCI o respiradores; c) Daños propios y/o de terceros de ciudadanos afectados por COVID-19 por falta o error de diagnóstico, cuando existían indicios razonables que aconsejaban la realización de la pertinente prueba de detección, d) ciudadanos que no eran pacientes de COVID-19 que han visto demorada su atención sanitaria (intervenciones quirúrgicas, tratamiento médico o diagnóstico) a causa de la preferencia otorgada a la atención sanitaria del COVID-19.
Aún así, la anterior enumeración no se en ningún caso una lista cerrada, sino una previsión de los principales motivos por los que se van a generar reclamaciones por la gestión en el ámbito competencial de sanidad, pues son múltiples los factores que puede generar un perjuicio para los ciudadanos y derivar en una responsabilidad patrimonial de la Administración Pública (a título de ejemplo, el retraso en el pago de prestaciones).
A.-) ¿Cuándo será posible reclamar contra la Administración Pública?
La respuesta es siempre que exista una LESIÓN (daño físico o psíquico) constituida por un DAÑO individual, efectivo y evaluable económicamente y que sea imputable a la Administración. La lesión debe ser imputable a la actividad prestacional en el ámbito sanitario, siendo posible imputar responsabilidad patrimonial a la Administración Pública cuando exista un funcionamiento ANORMAL de la Administración sanitaria.
Para que la reclamación patrimonial prospere, deberá llegarse a la conclusión que: 1) la asistencia sanitaria prestada no ha cumplido con los estándares mínimos de calidad exigibles a la prestación del servicio sanitario; o, 2) la Administración Pública pudo impedir la producción de daños adicionales si hubiera adoptado la diligencia debida: habiendo anticipado determinadas medidas o habiendo actuado bajo otros parámetros. No sólo la actuación incorrecta puede derivar en responsabilidad, la omisión también puede dar lugar a estimar pretensiones de responsabilidad patrimonial de la Administración.
Resulta posible afirmar que la Administración Pública, como garante de los derechos de los ciudadanos, en base al principio de precaución debe adoptar una serie de medidas, no con base a conocimientos científicos ya consolidados, sino con base a meros indicios (sospechas fundadas) para mitigar posibles efectos adversos.
B.-) ¿A qué Administración dirigimos la reclamación?
Resulta de vital importancia dirigir la reclamación frente a la administración correcta, estatal y/o autonómica, para no perder el derecho a reclamar por los daños y perjuicios sufridos. La reclamación deberá dirigirse frente a la Administración General del Estado, la Administración Autonómica, o frente a ambas, atendiendo a cada caso concreto según si las circunstancias de hecho en que se haya producido la lesión estaban bajo la gestión sanitaria de la comunidad autónoma o la gestión directa asumida por el Ministerio de Sanidad. O bien, frente a ambas, si se trataba de una gestión compartida.
Asimismo, teniendo en consideración que el servicio público sanitario es objeto de cobertura garantizada a través de una póliza de seguro, se podrá ejercitar la ACCIÓN DIRECTA contra la aseguradora paralelamente a la tramitación de la responsabilidad frente a la Administración Pública.
C.-) ¿Cuánto tiempo existe para reclamar?
El plazo para reclamar contra la Administración Sanitaria es la de 1 año desde que se ha producido el hecho o acto que motive la reclamación o se manifieste su efecto lesivo (fecha de curación o estabilización del daño físico o psíquico). Con respecto a aquellos plazos que ya se hayan iniciado, cabe tener en consideración que la declaración del estado de alarma ha supuesto la interrupción del cómputo de los plazos por lo que el plazo de 1 año se iniciará una vez finalice el estado de alarma.